Cómo el crimen organizado moldeó la agenda de las elecciones presidenciales en Ecuador

                                                                                        TCN Periodismo Digital
Por. Steven Dudley is the co-founder and co-director of InSight Crime and a senior research fellow at American University’s Center for Latin 

Los candidatos presidenciales de Ecuador provienen de un amplio espectro ideológico, pero en lo que respecta al crimen organizado, sus campañas —y su supervivencia política— dependerán de que se presenten como candidatos de mano dura.

El próximo 9 de febrero, el país votará en lo que se espera que sea la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La segunda está programada para el 13 de abril. Las encuestas, y la historia reciente, prevén que los dos candidatos con mayores posibilidades de llegar a segunda vuelta son el actual presidente, Daniel Noboa, del partido Acción Democrática Nacional (ADN) y Luisa González, del partido Revolución Ciudadana (RC), quien quedó en segundo lugar en las elecciones extraordinarias de 2023, que ganó Noboa.

Ni ellos, ni los otros 14 candidatos presidenciales, han ofrecido mucho más allá que los típicos discursos de los políticos: militarizar las prisiones, puertos, y oficinas de aduanas, entre otras instituciones gubernamentales; llamados a endurecer las penas contra criminales de todo tipo; afirmar que van a construir más cárceles (incluyendo en “alta mar”); abogar por nuevas leyes que faciliten juzgar a menores de edad como adultos, y asegurar que ellos serán los que por fin pondrán freno a la corrupción.

Cómo van a lograr todo esto —y con qué dinero— no son temas sobre los que han dado detalles públicamente, pero eso parece no ser de importancia para el electorado, que, en medio de una crisis de seguridad sin precedentes, parece tener un creciente apetito por las políticas de mano dura.

¿Una gestión teatral?Durante sus 13 meses de gobierno, Noboa ha aplicado una versión de mano dura. Las autoridades arrestaron a más de 60.000 presuntos criminales en 2024, y el gobierno incautó 280 toneladas de drogas ilícitas, un incremento del 29% en comparación con 2023.

A lo largo de este periodo, Noboa también ha mostrado una inclinación por construir una narrativa de línea dura contra el crimen. Pocos eventos ejemplifican esto mejor que su visita a Durán en julio de 2024, un municipio ubicado en la costa pacífica del país, que se ha convertido en la imagen del descenso del país en una espiral de violencia y crimen organizado.

Vestido con un chaleco antibalas y un casco de las fuerzas armadas que eclipsaba su cabeza, Noboa recriminó a sus rivales por no visitar el asediado municipio.

“Nunca les ha llegado un político que se amarra los pantalones y les vuelve la paz a los ciudadanos”, le dijo a la escasa multitud, en su mayoría compuesta por militares. “Este es el nuevo Ecuador, uno que se juega la vida cada día por recuperar la tierra que amamos”.

Mientras hablaba, Noboa estaba acompañado por dos miembros de su equipo de seguridad, que sostenían lo que parecían ser escudos sobre sus cabezas para desviar posibles disparos de francotiradores. A su alrededor estaban los miembros de su pregonado Bloque de Seguridad.
“No vinimos a Durán solo un día”, declaró. “Estaremos aquí el tiempo necesario para acabar con las mafias”.

El Bloque de Seguridad es la punta de lanza de Noboa. Esta es una unidad conjunta de la policía y el ejército que el presidente ha enviado a zonas azotadas por el crimen para mermar los enfrentamientos y, aunque ha funcionado, no lo ha hecho por mucho tiempo. En Durán, por ejemplo, la violencia disminuyó tras el despliegue regular de militares y policías, pero pronto volvió a subir, y el municipio cerró el 2024 con un récord de 476 homicidios.

La administración de Noboa ha dado un tratamiento similar a la crisis en las prisiones. El ejército tomó el control en algunas de las cárceles más infames del país y realizó varios allanamientos en un intento inútil de sacar a las bandas carcelarias de sus fortines. Noboa también ha afirmado que construirá nuevas prisiones, pero no ha atacado los problemas de base —como la corrupción endémica, políticas punitivas, y fuertes economías criminales dentro de las prisiones— que llevaron a la crisis del sistema penitenciario en primer lugar.

Aun así, para muchos ecuatorianos, estas muestras de poder parecen ser importantes.

“Para un municipio, un solo municipio, tiene que traer todo eso, como si fuera a la guerra. Eso significa que, como Estado, no tengo la capacidad suficiente con mis recursos normales de gobierno para combatir eso”, dijo César Navas, exministro de Seguridad y ahora consultor, sobre la visita del presidente a Durán. “[Pero] funciona. Para la población en general, funciona”.

Esta narrativa parece haber puesto a Noboa en un lugar privilegiado para estas elecciones. La mayoría de las encuestas le han dado una ventaja sustancial para la primera vuelta, y una encuesta reciente mostró que podría ganar el 50% de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta. También ha utilizado esta imagen para disimular las asperezas de sus despliegues de seguridad.

Pero Katherine Herrera, una politóloga y especialista en temas de seguridad, afirma que la administración está más preocupada con vender una estrategia de seguridad que con implementarla.

“No es tanto de interés del gobierno de Noboa desarrollar una política pública de seguridad, sino más bien tener eventos coyunturales en donde se vea la todo el aparataje de la fuerza pública”, dijo. “Esto es utilizado como un marketing comunicacional político, que se vea la presencia, pero no da una solución estructural”.

Las intocablesNoboa tiene algunas debilidades, una de las cuales viene de una operación militar reciente. El 8 de diciembre de 2024, alrededor de las 8:30 p.m., una patrulla de las fuerzas aéreas trató de detener a 11 menores de edad que se dirigían a sus casas luego de un partido de fútbol en el sur de Guayaquil. Lo que ocurrió después todavía está bajo investigación, pero los testigos y los videos, muestran que al menos cuatro de los menores —que tenían entre 11 y 15 años— fueron capturados por la patrulla. Los otros huyeron. El 24 de diciembre, el día en que los ecuatorianos celebran la Navidad, las autoridades anunciaron el descubrimiento de cuatro cuerpos y en la víspera del año nuevo, la Fiscalía General anunció que eran los cuerpos de los cuatro menores.

Durante los días en los que estalló el escándalo, las comunicaciones del gobierno fueron lentas y caóticas. Los militares oscilaron entre culpar a los “grupos delincuenciales” y afirmar que tenían una “política de cero tolerancia” ante la impunidad. El ministro de defensa le dijo al Congreso que no se había enterado del caso hasta el 19 de diciembre y el presidente Noboa no hizo su primera declaración sobre el tema hasta el 22 de diciembre, afirmando que buscaría “cero impunidad sea quien sea”.

El día siguiente, en una entrevista que fue transmitida por YouTube, el presidente repitió su afirmación, antes de añadir que había “sugerido a una comisión que los cuatro niños sean considerados como héroes nacionales”. Pero en los días que siguieron, volvió a su postura de silencio, y su equipo aseguró después que el comentario fue “manipulado con audio falso”. En vísperas del año nuevo, el día que la Fiscalía anunció la identificación de los cuerpos, Noboa no hizo ningún pronunciamiento oficial, y su cuenta de redes sociales simplemente republicó el comunicado de las fuerzas militares sobre el caso.

Para el momento del primer, y único, debate presidencial, el 19 de enero, los demás candidatos estaban buscando sacar réditos de lo que se había comenzado a llamar “el caso de las Malvinas”, en referencia al barrio de donde eran los menores. Durante una discusión con uno de los demás candidatos, el candidato desafió a Noboa a decir los nombres de las víctimas en voz alta. En lo que se convirtió en el momento más recordado de un debate poco memorable, Noboa se negó.

Quienes estaban viendo el debate por redes sociales atacaron. Los primeros cuatro nombres de las víctimas se convirtieron en tendencia en X, y los ataques contra el presidente aumentaron. Los otros candidatos también buscaron sacar ventaja del momento —especialmente Luisa González—, aunque ella también tuvo problemas recitando los nombres de los cuatro niños.

Pero los intercambios dejaron ver algo más: aunque atacaron a Noboa, ninguno de los candidatos mencionó a las fuerzas armadas o al ejército. Al contrario, pidieron “justicia” o se refirieron a la muerte de los menores como un “crimen de Estado”. Lejos de condenar a los militares, los candidatos usaron gran parte de su tiempo afirmando que los militares deberían usarse más, no menos.

Estos llamados se producen a pesar de las denuncias generalizadas de abusos y de la creciente preocupación por la corrupción que precede al caso Malvinas. En mayo, Human Rights Watch publicó un informe revelador en el que se describían numerosos casos de militares implicados en torturas, detenciones arbitrarias y al menos una ejecución extrajudicial. Más recientemente, InSight Crime detalló numerosos casos de tortura, abandono y otras formas de abuso.
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Aun así, nada de esto parece importar, dice Renato Rivera-Rhon, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
“Tienden por lo general hacia discursos que van sobre la militarización en la lucha contra el crimen organizado y el populismo penal”, explicó.

Nota cortesía de Insightcrime